Informe 2004 de Colombia Human Right Watch

Aprovechando el favor que me hizo mi HERMANO Diegoth, colombiano por cierto, seguro asociado a las bandas narcoparamilitares de colombia, medio a través del cual seguro financia el internet que utiliza para decir estupideces que no sabe de Venezuela, y que de paso ha demostrado no saber nada de lo que lee, porque aquí está el grandioso informe sobre Colombia de la Human Ricght Watch, organización medio mañosa, pero que como este tipo le cree lo que dice, vamos a complacerlo, y demostrar que el gobierno de Colombia si es un perdido fascista que ha jodido a latinoamérica, y sólo comparable con Menem en Argentina y CAP en mi querida Venezuela

COLOMBIA

El conflicto armado interno de 40 años en Colombia continúa estando acompañado de violaciones generalizadas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Todos los actores del conflicto—guerrillas, grupos paramilitares y las fuerzas armadas—cometen violaciones graves, tales como masacres, asesinatos y secuestros.

En 2004, mientras emprendía una ofensiva militar agresiva contra los grupos guerrilleros, el gobierno continuó negociaciones de paz con los grupos paramilitares. Las negociaciones podrían resultar en la desmovilización de miles de personas que afirman haber pertenecido a grupos paramilitares. Al mismo tiempo, sin embargo, los paramilitares han incumplido el cese al fuego vigilado por la OEA que acordaron al inicio de las negociaciones, mientras consolidan su control de vastas extensiones del país. Y el proceso de desmovilización sigue careciendo de salvaguardias suficientes para garantizar que se lleve ante la justicia a los paramilitares responsables de la comisión de atrocidades.

El gobierno sigue sin tomar medidas creíbles para romper los lazos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares. La impunidad, especialmente con respecto a los oficiales militares de alto rango, continúa siendo la norma.

Negociaciones con grupos paramilitares
El gobierno colombiano ha estado negociando la desmovilización de grupos paramilitares desde principios de 2003. Las negociaciones han estado envueltas en la controversia: una desmovilización inicial de varios centenares de personas a finales de 2003 se considera ampliamente ahora un fracaso porque muchos de los que se desmovilizaron eran realmente criminales que se hicieron pasar por paramilitares, y por las informaciones que indican que, entre los que no eran impostores, muchos han continuado participando en actividades paramilitares. Además, los paramilitares no han acatado el acuerdo de cese al fuego que anunciaron inicialmente en noviembre de 2002. En un informe de la Defensoría del Pueblo de Colombia publicado en septiembre de 2004 se señala que, en los primeros ocho meses del año, la institución había recibido denuncias relacionadas con 342 presuntas violaciones del alto el fuego por parte de los paramilitares, entre ellas casos de secuestro, desplazamiento forzado, extorsión, homicidio premeditado y masacres.

Un obstáculo significativo para una completa y efectiva desmovilización paramilitar es la falta de un marco legal que rija el proceso y los beneficios que se ofrecerían a los que se desmovilicen. Un proyecto de ley propuesto inicialmente por el gobierno del Presidente Álvaro Uribe en 2003 habría permitido que los líderes paramilitares responsables de atrocidades que se mostraran cooperantes quedaran virtualmente sin castigo. Tras las airadas protestas internacionales y nacionales, se modificó la propuesta legislativa. Sin embargo, una nueva versión del proyecto de ley divulgada en abril de 2004 sigue conteniendo serias deficiencias—no dispone la investigación exhaustiva de los crímenes y los bienes obtenidos ilegalmente por los paramilitares, y contiene un vacío legal que podría permitir a los condenados por atrocidades evitar totalmente el ingreso en prisión—que hacen improbable la desmovilización y desarticulación efectivas de las estructuras paramilitares.

En noviembre de 2004, el gobierno anunció un calendario para la desmovilización de tres a cuatro mil efectivos paramilitares antes de final de año, aplicando procedimientos similares a los que se usaron en la desmovilización del bloque Cacique Nutibara.

Lazos militares-paramilitares
Los grupos paramilitares mantienen estrechos lazos con una serie de unidades militares colombianas. El gobierno de Uribe aún no ha adoptado medidas efectivas para romper estos lazos mediante la investigación y el enjuiciamiento de altos oficiales de las fuerzas armadas acusados fundadamente de haber colaborado con los grupos paramilitares.

Existen informes fiables que indican que algunos de los territorios de los que las fuerzas armadas han expulsado a las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) están ahora bajo el control de grupos paramilitares, que continúan realizando ataques indiscriminados contra la población civil.

Impunidad
La Fiscalía General continúa avanzando muy poco en el enjuiciamiento de mandos militares sobre los que pesan acusaciones fundadas de violaciones de los derechos humanos. Parece que los fiscales carecen de la voluntad política necesaria para encargarse de sospechosos de tan alto rango y tan bien conectados.

En 2004, por ejemplo, el Fiscal General Luis Camilo Osorio anunció que no formularía cargos contra el General Rito Alejo del Río. Del Río había sido investigado por su presunto apoyo a paramilitares que habían atacado pueblos, ejecutado a líderes civiles locales y provocado el desplazamiento masivo y el grave sufrimiento de miles de habitantes del norte de Colombia entre 1995 y 1997. Las pruebas contra del Río eran lo suficientemente convincentes como para hacer que el entonces presidente Andrés Pastrana lo destituyera en 1998. El gobierno estadounidense canceló su visa de entrada a Estados Unidos en julio de 1999, basándose en la existencia de pruebas fiables que lo implicaban en el "terrorismo internacional", entre otros crímenes.

Medidas antiterroristas
La Corte Constitucional de Colombia anuló por cuestiones de procedimiento una reforma constitucional, propuesta por el gobierno de Uribe y aprobada por el Congreso en 2003, que habría permitido que las fuerzas armadas realizaran arrestos y registros, e intervinieran comunicaciones privadas, sin una orden ni ninguna revisión judicial previa. Se considera probable que el gobierno vuelva a promulgar la reforma en 2005, esta vez cumpliendo todos los requisitos procesales.

El gobierno continúa practicando detenciones masivas de personas sospechosas de colaborar con grupos guerrilleros, una táctica que ha conducido a abusos por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. Las autoridades han basado frecuentemente los arrestos tanto individuales como en masa en información inadecuada o no fiable, obtenida en ciertos casos exclusivamente de informantes secretos o personas desmovilizadas en situaciones en las que las autoridades saben o deberían saber que la información no es fiable. Por ejemplo, el profesor universitario Alfredo Correa de Andreis fue asesinado por atacantes desconocidos poco después de que se retiraran los cargos contra él, basados en las acusaciones de un informante secreto, de que era un ideólogo de las FARC.

Defensores de derechos humanos y otros grupos vulnerables
Colombia es un lugar sumamente peligroso para los defensores de derechos humanos, quienes han sido amenazados y atacados durante años por su trabajo. El problema se ha visto recientemente agravado por las declaraciones de funcionarios del gobierno, quienes en 2003 y de nuevo en 2004 acusaron públicamente a las organizaciones de derechos humanos, así como a defensores individuales de derechos humanos, de colaborar con la guerrilla y hacer apología del terrorismo. Tras las constantes críticas internacionales, el Presidente Uribe y otros funcionarios gubernamentales han empezado a celebrar reuniones con representantes de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Otros grupos particularmente vulnerables incluyen a los periodistas, los académicos, los líderes sindicales y los miembros de grupos indígenas. En agosto de 2004, por ejemplo, tres líderes sindicales de Arauca fueron aparentemente asesinados por miembros de las fuerzas armadas.

Los kankuamo, al igual que muchas otras comunidades indígenas, han sido atacados repetidamente por la guerrilla y los grupos paramilitares que luchan por el control de las tierras tradicionales kankuamo de las montañas de Sierra Nevada en Colombia. Los asesinatos y las masacres se han saldado con la muerte de cientos de kankuamo y la destrucción de pueblos enteros. En julio de 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió a Colombia que adoptara medidas para proteger a la comunidad. Pero la continuidad de los asesinatos de líderes kankuamo plantea dudas sobre la voluntad del gobierno de acatar esta decisión.

Violaciones por parte de grupos guerrilleros
Aunque se ha retirado de algunas partes del país, la guerrilla continúa cometiendo frecuentes y graves violaciones del derecho internacional humanitario. Los abusos incluyen masacres, ejecuciones extrajudiciales y secuestros para obtener un beneficio económico o político.

En 2004, el gobierno de Uribe expresó su disposición a negociar la puesta en libertad de miembros de las FARC que no estuvieran condenados por atrocidades, a cambio de la liberación de rehenes en manos de las FARC. Sin embargo, las FARC han rechazado esta propuesta y declarado que el gobierno debería establecer primero una zona de despeje donde pudiera realizarse el intercambio.

Actores internacionales fundamentales

Estados Unidos sigue siendo el actor extranjero más influyente en Colombia. En 2004, suministró más de 700 millones de dólares al gobierno, sobre todo en ayuda militar. Aunque el 25 por ciento de la asistencia de seguridad incluida en este paquete está sometido oficialmente a condiciones en materia de derechos humanos, éstas no se han aplicado: el total de la ayuda sigue llegando a Colombia a pesar de que el gobierno no ha roto los lazos entre las fuerzas armadas y los grupos paramilitares abusivos.

El Congreso de Estados Unidos ha aprobado la duplicación de las tropas estadounidenses y un aumento de los contratistas privados estadounidenses en Colombia para el año 2005. Las tropas y los contratistas ofrecerán apoyo logístico y entrenamiento a las fuerzas armadas colombianas en operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes.

En febrero de 2004, la Organización de Estados Americanos autorizó el establecimiento de una misión de la OEA en Colombia con el fin de ofrecer "apoyo técnico para la verificación de las iniciativas de cese al fuego y a las hostilidades, de desmovilización, de desarme y de reinserción". La misión se ha enfrentado a numerosos obstáculos, entre ellos la falta de fondos y la negativa de los líderes paramilitares a concentrar sus fuerzas en la zona desmilitarizada, lo que hace imposible que la misión pueda desempeñar su función de supervisión. Sin embargo, la misión de la OEA también ha sido objeto de controversia, y ha sido criticada por involucrarse excesivamente en las negociaciones, aportando indebidamente la legitimidad de la OEA a un proceso deficiente.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos sigue activa en Colombia, con presencia en Bogotá, Medellín y Cali. No obstante, sus relaciones con el gobierno son difíciles debido a que Colombia no ha implementado las repetidas recomendaciones de la oficina en materia de derechos humanos.